Petroleras extranjeras pagarán menos que PEMEX

Los dejamos con este excelente análisis

Los aspectos financieros de la reforma energética quedaron establecidos en los dictámenes de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Coordinación Fiscal, la expedición de la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda Pública.

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contiene dos regímenes fiscales: uno para Petróleos Mexicanos (Pemex) y otro para los contratistas privados. El régimen aplicable a Pemex es muy similar 005n1pol-1al que ha estado vigente hasta ahora, pues seguirá aportando 30 por ciento de los recursos que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, ese tratamiento fiscal resulta desigual para Pemex en relación con las empresas privadas y es mucho más gravoso que el que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos prevé para los contratistas privados, los que aportarán al fisco mexicano magros recursos.

Los contratistas privados no pagarán contribuciones al fisco mexicano sino contraprestaciones regidas por el derecho privado que se determinarán según se acuerde en cada caso. Adicionalmente, pagarán a la hacienda pública el Impuesto Sobre la Renta. Sin embargo, sus aportaciones están muy lejos, y desde luego a la baja, de las que le corresponderá pagar a Pemex.

Las contraprestaciones que las empresas privadas pagarán al Estado no se consideran tributos o contribuciones, sino que se regirán por las reglas del derecho privado. Ese principio jurídico, totalmente ajeno al derecho mexicano, vulnera lo previsto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, pues las contribuciones no pueden ser materia de convenios o contratos sino que deben preverse en la ley y poseer al menos las características de generalidad y de certidumbre.

La supervisión de los aspectos financieros de los contratos en relación con las contraprestaciones no será vigilada por los ciudadanos, y los términos de la fiscalización no será conocida por éstos durante los procedimientos de auditoría. Es decir, la supervisión de los aspectos financieros de los contratos relacionados con las contraprestaciones se realizará en la opacidad y, seguramente, será fuente de corrupción y de componendas.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo es un fideicomiso que será dirigido por un comité dominado por funcionarios del gobierno federal, pero las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos no serán aplicables al citado fondo. Este fondo será presidido por el secretario de Hacienda. Cuando se estableció en la Constitución en 2013, se quiso imitar al fondo petrolero existente en Noruega, en el que se mantiene la totalidad de la renta petrolera de ese país como reservas para las generaciones futuras de Noruega.

A diferencia de ese caso, en la ley mexicana los recursos que integren el Fondo Mexicano del Petróleo se destinarán de manera preponderante al gasto corriente. Esos recursos no garantizarán el desarrollo de la planta industrial y productiva de la nación o al apoyo de las pequeñas y medianas empresas; tampoco se utilizarán para compensar las desigualdades sociales y regionales, ni se emplearán para cubrir el desarrollo del capital humano.

La Ley General de Deuda Pública determina, en contra de los derechos de trabajadores y ciudadanos, que el llamado pasivo laboral de Pemex y de la CFE se pague con cargo al presupuesto. El argumento del pasivo laboral ha sido indebidamente empleado para cuestionar la viabilidad financiera de ambas instituciones y para aludir a los privilegios y la corrupción de los líderes sindicales.

Sin embargo, y a pesar de que pueda ser alto en relación con el de otras dependencias y entidades del sector público, el pasivo laboral de Pemex y de CFE es la expresión de los derechos de los trabajadores.

En cuanto a la corrupción y los privilegios, no se combatirá con la afectación de los derechos y las prestaciones de los trabajadores, sino de la imputación de los hechos delictivos que hayan realizado los dirigentes sindicales.

 

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